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El juez pide los fondos internos de
exempleados del Santander
Representados por el Gabinete Jurídico
de UGT, siete ex directores del banco reclaman
ahora 300.000 euros.
El Tribunal Superior de Cantabria ha dado la razón
a siete ex directores de oficina del Santander que, tras fichar por La
Caixa (seis de ellos) y por Caixa Catalunya (uno), han reclamado sus
fondos de pensiones internos, de 300.162 euros. La sentencia es
significativa porque apoya la
propiedad de los fondos aunque sean internos. El Santander, que
recurrirá esta sentencia, es la única entidad que tiene este tipo de
fondos.
La polémica sobre la posibilidad de que los
empleados de banca recuperen los fondos de pensiones internos cuando
cambian de entidad o se marchan de ella continúa vigente en los
tribunales. En teoría, estos fondos internos se caracterizan por la
exigencia de que, para poder cobrarlos, el empleado debe permanecer en
la entidad hasta su jubilación, por lo que si la extinción de su
contrato se produce con anterioridad, no tiene derecho a movilizar
cantidad alguna. No obstante, los magistrados no coinciden en sus
sentencias.
El último caso lo ha protagonizado el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, que ha dictaminado que siete ex
directores de oficina de la red Santander Central Hispano, defendidos
por el gabinete jurídico de UGT, "tienen derecho a transferir o
movilizar la totalidad de los derechos consolidados en planes de
pensiones a otro fondo que aquellos designen". Este Tribunal
especifica que, aunque "los compromisos por pensiones asumidos sean
fondos internos", pueden transferirse "a otro instrumento de
previsión social complementario".
Los magistrados explican en el fallo que la
principal característica de las entidades con fondos internos es que
"se constituyen en autoaseguradoras, eximiéndolas de la obligación
de buscar en otra entidad financiera un servicio de aseguramiento que
puede encontrar en su propia organización".
Criterios de igualdad
Más adelante aclara que, sean fondos internos o
externos, "las garantías de los depósitos" y los
"criterios actuariales" deben ser iguales. También aduce el
principio de igualdad de tratamiento y no discriminación entre los
trabajadores.
El Tribunal Superior de Cantabria reconoce que su
doctrina cuenta con amplia jurisprudencia en contra. El Tribunal
Superior de Asturias dictaminó en la misma línea que el de Cantabria,
pero los de Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León,
Madrid y Cataluña lo han hecho en la línea contraria. El grupo
Santander recurrirá la sentencia.
Según Ángel Campabadal, responsable de la asesoría
jurídica de Cajas de UGT, ahora la pelota está en el tejado del
Tribunal Supremo, "que acumula gran número de recursos". En
su opinión, "si vota la Sala General del Supremo, como hizo en el
caso de La Caixa" (cuando dio la razón a los empleados), "con
una sola sentencia ya sentaría jurisprudencia. Sin embargo, puede ir
resolviendo cada uno de los ponentes, con lo que nos encontraríamos con
sentencias dispares". En los últimos años, unos 3.000 ex
empleados de bancos y cajas de ahorros que cambiaron de entidad o las
abandonaron con despidos improcedentes están reclamando por vía
judicial sus fondos de pensiones internos, que suman unos 270 millones
UGT
se opone a la deslocalización de la producción de Sáez Merino
La
Federación de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT) en el País Valenciano
se opone a la deslocalización de la producción planteada por la
empresa Sáez Merino, ya que la extinción de la producción de esta
empresa supondrá, además de la pérdida de empleo, unas importantes
repercusiones sociales en la comarca de Ayora y en la población de
Casas Ibáñez, por la falta de alternativas de empleo en dichas zonas.
El viernes pasado, los sindicatos representativos
tuvieron comunicación oficial del expediente de extinción de empleo
que acarreará el cierre de 4 centros de trabajo en Ayora, Casas Ibáñez,
Torrent, y Carcaixent, con un total de 548 trabajadores afectados,
incluyendo la extinción de 143 empleos del centro de trabajo de
Benaguacil.
UGT considera que esta medida, por mucho que la
empresa contemple un plan de acción social, supondrá una situación
muy traumática para los trabajadores afectados. Desde UGT, aún
considerando las dificultades que atraviesa el sector, entendemos que
esta medida es desproporcionada, ya que la empresa tiene una situación
económica sólida y habría que buscar otras alternativas que no
conllevasen el cierre de dichos centros.
Los trabajadores de Sáez Merino, a lo largo de los
últimos años, han demostrado su capacidad de sacrificio para sacar la
empresa adelante en los momentos difíciles, y además la plantilla es
lo suficientemente flexible para poder amortiguar los periodos de baja
producción.
Agosto, 2004
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