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PENSIONES PUBLICAS O
PRIVADAS:
Un debate plagado
de hipocresía
Una de las
características más importantes que tiene la democracia es que supone
una serie de derechos civiles y garantías que nos permiten a todos/as
intervenir en los debates públicos o privados con total libertad de
expresión. Esta misma libertad de expresión es la que utilizan los
medios de comunicación para transmitir las informaciones u opiniones
propias o de otras personas o colectivos.
Sin
embargo información no es igual a opinión. Lamentablemente, a pesar de
que la información ha de ser veraz según la ley, muchos medios y/o
personas que se dedican a la información y opinión obvian este requisito
y transmiten aquellos conceptos e ideas que ellos sostienen cual si
fueran informaciones objetivas e incuestionables que reflejan la
realidad. Si esto es verdad comúnmente en cualquier ámbito de lo
noticiable u opinable, mucho más lo es en lo tocante al mundo laboral y
muy especialmente cuando se incide sobre asuntos de índole económica,
como pensiones, salarios, subsidios, etc.
Todos
sabemos, --¿que se piensan?--, los grandes intereses que concurren sobre
estas cuestiones y muy especialmente en cuanto a las pensiones. O acaso
hemos de pensar que no intentan llevar el agua a su molino las entidades
financieras y las aseguradoras, que para ello disponen de multitud de
mercenarios que, --¿como no?--, por dinero ponen a su servicio su pluma
y dedicación en el vano intento de hacer pasar a lobos por corderos.
Es por
esto, como ejemplo de lo aquí afirmado anteriormente y por su interés,
los conceptos vertidos, y la desmitificación que se realiza sobre el
tema de las pensiones y su viabilidad o inviabilidad futura, o si han de
ser públicas o privadas, reproducimos el siguiente artículo
clarificador.
“Aparentando que el objeto de preocupación son los trabajadores,
defienden unas pensiones privadas que no le cuestan nada a la empresa.”
Pensiones públicas o privadas
“Preciado discurso éste de los políticos conservadores y
algunos economistas en favor de los planes de pensiones privados.
Lástima que cada uno de sus argumentos sea susceptible de réplicas que
los invalidan.
Esgrimir el probable derrumbe del sistema público de pensiones
constituye una de sus bazas preferidas. Fingen que les alarma el futuro
de los trabajadores, ya que no podrán percibir su seguro de vejez debido
a que los jubilados
sobrepasarán en número a los cotizantes en activo. Gracias. Pero si
semejante coyuntura se hiciera realidad, para eso están los impuestos
que el Estado recauda por otros medios y cuya distribución debería,
debe, ser democráticamente determinada.
Declaran, por otra parte, que los herederos de quienes han estado
cotizando tienen derecho a disponer del dinero ahorrado que esto
representa. Sofisma que confunde a sabiendas un montante en efectivo con
una renta vitalicia, la cual está sujeta a las fluctuaciones de la vida
y la muerte, esta que ningún ser humano puede controlar. Un trabajador
puede morir a los 65 años o a los 80 e incluso más tarde. En esta última
eventualidad, si es pensionista público no le faltará el sustento,
puesto que no habrá agotado
su dinero líquido. Y es precisamente en este punto donde los adalides de
las pensiones privadas se callan otra verdad flagrante: que éstas no
están sujetas a la revisión anual según el IPC, al contrario de lo que
ocurre con el sistema público. ¿Se imaginan ustedes la miseria mensual
que le correspondería a un jubilado sin otros ingresos y cuya pensión no
hubiera sido incrementada a lo largo de los años, fueran 15, 20 o más?
Para los que gozan de otras rentas tamaña evidencia puede carecer de
importancia, pero el caso es que la seguridad social se inventó
justamente para proteger a los menos favorecidos.
Al
mismo tiempo, el susodicho discurso neoliberal oculta otro rasgo del
sistema público de pensiones: que los empresarios también cotizan. Y ahí
es donde duele el zapato, aunque en los alegatos se guarden bien de
mencionarlo. Aparentando que el objeto de preocupación son los
trabajadores, defienden unas pensiones privadas que no le cuestan nada a
la empresa y cuyo resultado final sería que cualquier jubilado o
jubilada se las comería a medida que se hiciera mayor, cada vez con
menos abundancia y hasta la inanición.
Por lo
demás, y finalmente, también se omite -y hemos de suponer, aunque nos
duela, que se hace con mala intención- que en las cotizaciones de la
empresa y los trabajadores a la seguridad social va incluida la
cobertura sanitaria, la baja por enfermedad y el permiso por maternidad.
Que no son regalos magnánimos del sistema, sino derechos de quienes
constituyen una parte esencial del régimen productivo y reproductivo de
la sociedad.
Dejemos
que la economía de mercado florezca y haga su camino, y permitamos que
los trabajadores, autónomos o empleados, hagan el suyo. Que produzcan
valor añadido, de acuerdo, pero que les dejen envejecer con seguridad. Y
una observación: la gente corriente no tendrá relevancia política,
puestos directivos o cátedras prestigiosas, pero en cuanto a idiota, no
lo es.”
E. SOLÉ,
socióloga y escritora
La Vanguardia
Viernes
25 feb 2005 07:18:35 CET
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